Subvenciones fantasmas

La destinación de recursos en las subvenciones a la educación ha aumentando, siendo en estos momentos en la actual administración el más alto que haya existido. Por el ello, el rol de fiscalizar dichos recursos es primordial en pos de que no sólo esos recursos estén disponibles sino que se ocupen de modo que garantizan la debida eficiencia y eficacia. Este anterior criterio que antiguamente era sólo ocupado en el sector privado, también ha sido recogido en la administración pública. Por ello, que el rol de Contraloría ha sido efectivo y no como algunos los acusan de planear en poner arriba de mesa una agenda paralela al gobierno. Creo, que si planea continuar con avances en la educación primero hay que revisar cómo se han hecho las cosas.

Es de conocimiento público de lo que hoy ocurre en el escándalo de la educación en nuestro país: Contraloría General de la República informó que un monto superior a 262 mil millones en fondos cuya destinación no estaba clara, ya que se registraban errores y atrasos, en periodos de la gestión del seremi de educación de Santiago entre 2004 y el 2006. Esta situación llevó al ente fiscalizador a recomendar al gobierno, hace sólo tres semanas, la destitución del titular de esa entidad, Alejandro Traverso, a quien acusó de actuar en forma negligente en la vigilancia de esos fondos:

"negligente en la administración y resguardo de los fondos públicos a su cargo, no veló por la aplicación de las normas sobre actualización de la información financiera y contable y sobre las conciliaciones bancarias", por lo que recomendó su destitución.

Como defensa, Traverso señaló que su actuación no tuvo intención de generar problemas a la Seremi, apela a la "buena fe" y al principio de inocencia. Pero la Contraloría le aclara que también tiene facultades para sancionar actos que "causan daño sin la intención de producirlo" y le señala que, como servidor público, "tiene la obligación de respetar el principio de probidad administrativa" y el cumplimiento "del principio de legalidad y cautela del patrimonio público".

Entre tanto, la titular de Educación Yasna Provoste dijo que fue su cartera la que detectó problemas en las subvenciones y que la responsabilidad recae en los colegios que entregaron información falsa. Esto debido a que el pago de la subvención se rige por la Ley de Subvención. Y la Ley de Subvención se rige por el principio de la buena fe", agregó.

La Contraloría detectó, además, que en uno de esos casos la Seremi pagó $ 34 millones a una persona que no estaba autorizada a recibir dineros como sostenedor. Ese caso fue derivado a la justicia y hoy es investigado por el fiscal Claudio Peña, quien ya ha detectado una defraudación por $ 200 millones, por la cual formalizará a tres personas.

Sanción a Traverso.

La ministra no acogió la recomendación por parte de Contraloría de destituir al funcionario y decidió alejarlo de la administración durante dos meses y reducirle el salario en un 50 por ciento. La destitución hubiera ocasionado que el funcionario se alejara obligatoriamente durante un periodo de 5 años.

Citamos algunas de sus declaraciones de la ministra:

"He decidido alejarlo del cargo y que él enfrente este proceso de reconsideraciones ya no como secretario regional ministerial sino como Alejandro Traverso", dijo y añadió que: "hemos decidido acoger la renuncia que había presentado con antelación a partir de esta semana".

Más allá de la discusión política, que por lo demás, creo que hay una mayoría importante que piensa que debería haber sido destituido, debido a que se utiliza un criterio que escapa de lo jurídico para ser argumentado en líneas políticas de modo que se mantiene en un cargo público una persona que no ha desempeñado de forma cuidadosa sus funciones, tal como lo señala el informe de Contraloría, sino aquí claramente se apela un proteccionismo político sin antes visto por una administración.

Es de vital importancia saber y conocer donde fueron a parar esos dineros que pertenecen a todos los chilenos que afectan a la imagen que tenemos todos frente a las instituciones y además no hay certidumbre de que el dinero invertido no está siendo utilizado en lo que se dice que se va invertir, lo cual me parece grave y es inadmisible catalogar de esto de un mero “desorden administrativo”. Reitero, que la búsqueda de los responsables es importante, pero lo vital es saber en donde están esos fondos públicos.